Desde la ruptura de la Constitución de 1925 mediante el golpe militar de 1973, el estado se ha transformado en un ente elitista y autoritario, gobernado por acuerdos por arriba entre partidos políticos, jefes militares y grandes empresarios sin la menor consulta a la ciudadanía, salvo procesos electorales restringidos, que aún siendo obligatorios, muestran una realidad en que millones de chilenos no se inscriben ni participan. El poder ejecutivo funciona independiente de la ciudadanía, concentrando el poder administrativo nacional y nadie controla al Banco Central, la Contraloría, el Consejo de Estado ni las Fuerzas Armadas, entidades que han obtenido una independencia tal que definen y deciden su accionar según los acuerdos establecidos entre los tres factores ya anotados: partidos, grandes empresarios y altos oficiales de las fuerzas armadas. El poder legislativo es una burla, partiendo de sus limitantes derivadas de que sólo pueden ingresar a él militantes de partidos, los cuales se enfrentar fraticidamente y se quiebran cada cierto tiempo desplazándose los electos de un lado a otro o dando forma a partidos nuevos. Las pugnas se transforman en vitrina de exhibición de agrupaciones políticas y líderes que intentan ganarse desde allí la simpatía de la población. Aún se mantienen leyes militares que no preocupan a los actuales gobernantes y partidos porque permiten la concentración del poder desplazando totalmente a la soberanía popular.
El poder judicial sigue siendo hermético y de cooptación, al cual sólo pueden entrar los aprobados por los partidos o por los propios jueces, con lo que el entramado del poder centralizado se sostiene y consolida, manteniendo una distancia impresionante de los anhelos sociales, favoreciendo intereses limitados, en especial mercantiles, de la gran propiedad y la gran empresa.
Sin duda es necesario elaborar una nueva Constitución, un reordenamiento del aparato del estado que permita la expresión, participación y toma de decisiones de los diferentes segmentos económicos, sociales y territoriales del país, acabando con el centralismo de Santiago y la centralidad del poder, restaurando la soberanía popular.
Ello requiere una asamblea constituyente, ya que de otro modo seguiremos limitados a los acuerdos y pocas modificaciones que quiera hacer la alianza del bloque partidos-grandes empresarios-oficiales de las fuerzas armadas. La expresión de la democracia debe considerar también las voces y opiniones de los demás sectores nacionales desde abajo, desde la cotidianeidad, por lo que la asamblea constituyente debería ser un proceso ciudadano que avance desde los municipios eligiendo diputados constituyentes tanto de partidos como de independientes propuestos por las organizaciones sociales. Si un municipio cuenta con seis concejales, el territorio municipal debería dividirse en seis circunscripciones y en cada una de ellas participar un candidato habitante de la localidad por cada partido y los independientes que se inscriban, sin alianzas ni cifra repartidora, quedando el primer votado como diputado constituyente y los demás fungirían de suplentes por orden de votación. Los medios de información como diarios, páginas web, radios y TV deberían destinar el mismo espacio gratuito para las distintas corrientes, partidarias o independientes. Sería una forma de que hagan un esfuerzo para la consolidación de la democracia. Los votantes serían todos los habitantes de la circunscripción mayores de 14 años con la mera presentación del carnet de identidad, lo que será registrado y comparado de inmediato mediante red computacional. La votación sería secreta con urna transparente que no puede moverse del lugar y que esté a la vista de todo el público que lo desee hasta finalizar el recuento de votos, siendo dos recintos electorales por circunscripción.
Entre los diputados electos, cuya cantidad es la misma que el número total de los concejales de todo Chile, podrían establecerse las alianzas y bloques que consideren entre ellos, tales como partidos, agrupaciones de partidos, territoriales, por sector social o afinidad. Los bloques tendrían dos meses para elaborar sus propuestas de procedimiento y de normas constitucionales, ya que la prudencia indica que es un plazo suficiente para efectuar la primera asamblea constituyente, debiendo todas las votaciones dirimirse mediante el voto de simple mayoría, es decir la mitad de los asistentes más uno. Una vez efectuado el proceso y las reuniones que sean necesarias, serían presentadas a la votación nacional los tres proyectos más votados en el plazo total de cuatro meses, publicándose cada una de forma íntegra con un mes de antecedencia a la votación popular, así como de inmediato la defensa de cada propuesta y posteriormente las críticas que hace cada bloque a los otros dos proyectos.
Vaya al próximo capítulo: Economía y empresariado:
http://alcaldeprofesorj.blogspot.com/2008/05/propuesta-1-la-economa-y-el.html
Vuelva a la Introducción y a los enlaces de cada capítulo
http://alcaldeprofesorj.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario